Nos hemos unido a otras entidades ambientales europeas, en la demanda de una revisión ambientalmente ambiciosa de la Directiva de aguas residuales para proteger la salud de los ciudadanos y ecosistemas europeos.
Pedimos a la Comisión Europea, el Parlamento Europeo y a los estados miembros que no se admitan prórrogas al cumplimiento de los objetivos más allá de 2027 ni excepciones a determinados países o regiones, que se mantenga la ambición en la eliminación de microcontaminantes, que se elaboren planes integrales de gestión de aguas residuales de acceso público y que las empresas cuyos productos generan microcontaminantes en las aguas residuales sean responsables de los costes de su eliminación.